Ley de Aguas: ‘10 de junio no se olvida’; vigente la injusticia hídrica a un año de la represión
La consigna continúa presente: 10 de junio, no se olvida. Ha pasado un año desde que en avenida 5 de Febrero se utilizó de manera excesiva la fuerza pública para reprimir una manifestación pacífica en contra de la Ley de Aguas de Querétaro. Aunque se han interpuesto recursos legales en favor de la ciudadanía, continúa pendiente la atención a distintas exigencias.
La Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), se conformó por organizaciones sociales, académicos, comunidades indígenas, activistas e integrantes de la sociedad civil con el objetivo de tomar acciones para derogar la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro. Sin embargo, dicho decreto continúa intacto tras su publicación.
Aunque ya se habían hecho otras movilizaciones con antelación, el día 10 de junio la Redavi convocó a otra concentración civil pacífica afuera de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), esto por la falta de respuesta de las autoridades. Al no encontrar diálogo, de nuevo, los inconformes tomaron los carriles centrales de avenida 5 de Febrero, lo cual motivó al gobierno estatal reprimir el movimiento y la detención arbitraria de tres activistas.
Una batalla por la inconstitucionalidad de la Ley de Aguas
Tanto a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se les solicitó que promoviera una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas del estado, pero ambas instancias negaron esa consideración.
El 17 de junio del año pasado, se publicó el análisis técnico jurídico de la DDHQ, el cual concluía que no se promovería una acción de inconstitucionalidad ante el decreto, porque no se trataba de una violación a los derechos humanos. Pero sí se hizo un llamado al gobierno estatal para respetar el derecho a la manifestación.
La CNDH emitió un pronunciamiento cuatro días después, para aclarar que la ley no violaba algún derecho humano respecto al acceso al agua, porque el apoyo de particulares para prestar servicios públicos estaba permitido de manera constitucional.
En agosto fue cuando se tenían previstas las audiencias de los tres amparos que insistían con la inconstitucionalidad, uno fue por parte de la asociación medioambiental Cántaro Azul, otro por un integrante de la confederación de San Francisquito y el tercero fue desde la comunidad de Santiago Mexquititlán, Amealco de Bonfil.
Solamente este último recurso avanzó y se consiguió la suspensión provisional de la ley en el pozo perteneciente al Barrio Cuarto de la comunidad de Santiago Mexquititlán. Aunque luego de 10 meses, se continúa a la espera de la resolución final del juez para determinar si es definitiva la protección.
A principios de junio del presente año, distintas organizaciones del estado firmaron un comunicado para convocar a ministras y ministros que forman parte de la SCJN a que realicen una discusión en torno a los amparos contra la ley, ahí argumentaron:
“La Ley de Aguas de Querétaro provoca la falta de armonización de nuestros marcos normativos, propicia una profunda injusticia porque impide que los derechos humanos al agua y al saneamiento que en rigor tendrían que ser judicializables desde hace 10 años, lo sean de manera efectiva”.
Criminalización de la protesta
Aunque los tres activistas detenidos fueron puestos en libertad el mismo 10 de junio por la noche, luego de la marcha y concentración que se realizó fuera de la Unidad 5 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE), la misma instancia sacó un comunicado ese día en el que se precisaba que continuarían su proceso en libertad.
En otras movilizaciones que convocó la Redavi y durante la Segunda Asamblea por el Agua y la Vida que se realizó en Santiago Mexquititlán, continuó la exigencia de cerrar las tres carpetas de investigación que imputaban delitos “contra la seguridad y el normal funcionamiento de los medios de transporte”, así como por la “desobediencia y resistencia a particulares”, pues respondían a una criminalización de la protesta.
Fue hasta abril del presente año que la DDHQ emitió una recomendación por la manera en que actuó de la Subsecretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se señaló: seguir los lineamientos durante manifestaciones o protestas apegándose a protocolos en la materia, que la investigación de los hechos ocurridos ese día debía ser integral para deslindar respectivas responsabilidades o determinar sanciones, así como el diseño de un curso a servidores públicos que participaron en los hechos.
La Red en Defensa del Agua y la Vida expresó en una conferencia de prensa que aunque resultaba un avance, había inconformidad con la recomendación, pues consideraron que no era suficiente para remediar la violencia sistemática ejercida por el Estado a las poblaciones vulnerables y comunidades originarias, así como tampoco se reconocían las graves violaciones de derechos humanos por las detenciones arbitrarias.
Por tanto, en este primer aniversario, además de que se insiste en que 10 de junio, no se olvida, el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Amealco establece en uno de sus seis llamados, a:
“Seguirnos organizándonos y tejiéndonos en redes, desde Querétaro en la Redavi como un espacio e incidencia colectiva desde abajo, acompañar los acuerdos de la asamblea nacional por el agua y la vida, acompañar las denuncias públicas y acciones globales del congreso nacional indígena”.
Así como también solicitan al administrador de la CEA de Amealco que no violente el derecho al agua al quitar el servicio a integrantes de esa comunidad, ya que va contra los acuerdos previos que se ha firmado e incluso convenios internacionales.
