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Ley del Conahcyt a debate: Entre la democratización de la ciencia y el recorte de becas

La Ley General en Materia de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación fue sometida a debate en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). La preocupación de un control federal sobre la ciencia, críticas a viejos modelos elitistas y las afectaciones del nuevo modelo fueron los ejes centrales de este foro.

Al tratarse de una Ley General, su contenido afecta a todas las instituciones académicas, de investigación, así como a las sociedades científicas. “Somos 26 centros que dependemos de Conahcyt y hemos tenido que adecuar muchísimas de nuestras normas fundamentales a lo que mandata esta Ley”, señaló Víctor Alejandro Espinoza Valle, presidente del Colegio de la Frontera Norte, doctor en Sociología Política y en Ciencia Política.

Espinoza Valle denunció que desde 2002, el esfuerzo federal se encaminó a mantener la producción científica y tecnológica al servicio de las élites económicas y políticas, especialmente a las esferas privadas; e igualmente, en esos años, se transfirieron al sector privado más de 45 mil millones de pesos del presupuesto y de los recursos del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); por lo que el esfuerzo de muchos de humanistas y científicos no se incluía en la producción de la ciencia útil social.

Puso de ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte en Baja California, donde a través de los fondos mixtos del Conacyt, se apoyó al secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray Lagarda y su esposa, ocupando recursos públicos de hasta 37.5 millones de pesos impunemente. “Se sacaban convocatorias ‘ad hoc’ para impulsar a las empresas (privadas), incluso de muchos de los miembros del gabinete”, mencionó el doctor Víctor Espinoza.

Desde mayo del año pasado comenzaron los cambios para la ciencia nacional, el más importante, la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Asimismo hubo modificaciones al reglamento del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación (CPI), reformas importantes al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), y a los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados (SNP), entre otros más.

El especialista resaltó la importancia a la incidencia social, la ciencia útil y la trayectoria, específicamente en las nuevas convocatorias del SNII; caso contrario a lo que ocurría en años anteriores, cuando sólo se consideraban los últimos 5 años de trayectoria y la incidencia social que se hubiese tenido en ese lapso de tiempo, complicando el poder escalar en el ámbito investigativo.

Otro punto a favor de las nuevas reglas del Conahcyt fue la limitación del periodo en la titularidad de los Centros Públicos de Investigación (CPI). “Anteriormente podían durar en el cargo 10 años, eran cinco años con una posible renovación a otros cinco (…), ahora quedó en seis años máximo: tres años, una evaluación y otros tres años si es el caso”, mencionó Espinoza.

¿Desde dónde y cómo analizar la Ley?”, fue la pregunta con la que introdujo al debate Pedro Flores Crespo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS). Flores comparó la nueva Ley con el apresurado proceso de aprobación de la reforma educativa en el sexenio de Peña Nieto; y reafirmando que no sólo los resultados cuentan, también lo hacen los procesos.

“La aprobación de la ley, en esencia, tuvo un camino similar con el de la reforma educativa pero con el agravante de que los legisladores del partido del presidente (Morena) violaron (…) el acuerdo previo de las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación para la discusión de la iniciativa. Se preveían siete sesiones de Parlamento Abierto y sólo se realizaron dos. No cumplir con los acuerdos, es mentir, algo que en la política se permite, pero en la ciencia, no”.

Añadió que al momento de desarrollarse el Parlamento Abierto, no existía una claridad entre los términos ‘gobierno federal’, ‘Poder Ejecutivo’, ‘Estado’ y ‘federación’; y los hacía parecer uno mismo, por lo que podría causar problemas en la identificación del ente responsable de la ejecución de la Ley.

“El Poder Ejecutivo parecía que equiparaba, para tratar de controlar, no de articular, la política científica; y de controlarla a partir de una Ley” dijo Pedro Flores respecto a su interpretación de esta ambigüedad. Flores Crespo dudó que pueda funcionar este control: “obligar a las y los científicos por una razón de gobierno, abre el paso a muchas resistencias; y también abre el paso a la deficiencia gubernamental”.

Por último, resaltó que, tanto en el anteproyecto evaluado por investigadores, así como en la publicación final de la Ley, se atribuyó a la ‘Federación’ la labor de evaluar la política nacional en la materia; y que, desde una perspectiva diferente, hubiese sido mejor dejar dicha evaluación a un órgano autónomo o descentralizado.

“Al arrugarse la capacidad de definir oficialmente el qué es prioritario para el país en materia científica, este gobierno diseñó nuevos lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados (SNP). Al entrar en vigor estos nuevos lineamientos, (…) y al momento de aplicar la ley de manera retroactiva, dejó sin derecho a la beca, al menos en un primer momento, aquí en la UAQ, a 143 estudiantes, aun cuando ya habían sido evaluados de manera distinta”.

La réplica que tuvo el gobierno federal ante la movilización y protestas de varios estudiantes —incluyendo a varios alumnos de la UAQ— fue que el presupuesto de las becas había aumentado un 40% desde 2017, siendo únicamente valorado el presupuesto autorizado; ya que, en el presupuesto realmente ejercido, arroja la disminución de un 13% en seis años.

Por último, Flores Crespo acentuó varios datos estadísticos que revelan un poco más del panorama expuesto y que son totalmente contradictorios al discurso que se pronuncia desde Palacio Nacional. La proporción de gasto en Ciencia y Tecnología del Presupuesto Programable, en 2018 era del 1.57% y para 2023 apenas rebasaba el 1%; para 2024, mientras el gasto en Seguridad y Defensa tuvo un aumento de casi 100%, en Ciencia y Tecnología no tuvo aumentó.

Finalmente, se eliminó el artículo que establecía que mínimo el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) debía de ser canalizado a la Ciencia y Tecnología; y se sustituyó por el artículo dos en la presente Ley, que señala la obligación del Estado mexicano, más no especifica cantidades ni porcentajes.

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