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A una década de la primera desaparición masiva

Fue un total de 35 personas desaparecidas, incluido el operador y su auxiliar, quienes no iban con la intención de cruzar a Estados Unidos.

La primera desaparición masiva de migrantes queretanos ocurrió hace una década, el 17 de marzo de 2010, en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, cuando el autobús que los llevaba a bordo, (un camión marca Jaguar modelo 1994, placas 177-RK5, de la empresa Turismo Pirasol), desapareció con 17 migrantes provenientes del estado de Querétaro; 12 de San Luis Potosí y 6 de Hidalgo. Fue un total de 35 personas desaparecidas, incluido el operador y su auxiliar, quienes no iban con la intención de cruzar a Estados Unidos.

En aquel año, el presidente de México era el panista Felipe Calderón, el gobernador de Querétaro era el priista José Calzada Rovirosa y el presidente municipal de Landa de Matamoros era el panista Gabino Landa Rubio. Ninguno de los tres funcionarios públicos movió un dedo para dar con el paradero de los migrantes.

De los migrantes queretanos, uno de ellos, Abraham Sáenz Díaz, es oriundo del municipio de Arroyo Seco, en tanto que los 16 restantes son de diferentes comunidades del municipio de Landa de Matamoros, entre los que se encuentran Alejandro Moya Maldonado, de Tres Lagunas, quien recién había cumplido 18 años de edad; Víctor Moya Briseño, de Tres Lagunas, quien dejó en el desamparo a su esposa y cinco hijas que iban de los dos a los 10 años de edad; Fulgencio Moya Maldonado, de 18 años, quien también es de Tres Lagunas y dejó a sus padres y siete hermanos.

También continúan desaparecidos los hermanos José Luis, de 34 años de edad y José Obispo Mendoza Almaraz, de 28 años, de El Charco, a quienes los esperan sus padres y 3 hermanos; Evodio Flores Ortiz, tenía 32 años, de El Lobo; es casado y tiene tres hijos de 2 a 10 años de edad; Ismael Mata Morales, de 21 años pertenecía a La Yerbabuena y dejó a su esposa, de 14 años de edad, con un bebé de siete semanas de nacido.

Juan Ignacio Mata Jiménez, era menor de edad, con 17 años, también es de La Yerbabuena y tiene a sus padres y dos hermanos; Enedino Rojo Urías, de 27 años, de Río Verdito, dejó a sus padres y seis hermanos; Alfonso Fonseca Amado, de 37 años, de La Vuelta, dejó a su esposa con cuatro hijos menores de edad.

Edgar Iván Pontaza González, de 20 años, de Jagüey Colorado dejó a su madre y dos hermanas; Rubén Garay Camacho, de 22 años de edad, es de El Humo, dejó a su esposa con un hijo recién nacido; en tanto que su papá, Abel Garay Martínez, fue detenido un año después, acusado de tráfico de personas; es decir, coyote o pollero.

Sabino González Rincón y Juan Carlos González Jiménez, ambos de La Reforma, son padre e hijo respectivamente y dejaron a sendas esposas, en tanto que una de sus familiares está postrada en cama por la meningitis desde hace más de 30 años.

En 2011, después de la primera desaparición masiva de migrantes, el propietario de la empresa Turismo Pirasol, situada en Ciudad Valles, San Luis Potosí, logró recuperar su autobús (marca Jaguar, modelo 1994, placas 177-RK5), que tenía varios años de realizar viajes a la frontera norte cada 15 días. Sin embargo, del conductor, su ayudante y las restantes 33 personas, después de diez años se desconoce el paradero.

Esta primera desaparición masiva de migrantes queretanos quedó registrada el 28 de abril de 2010, ante el Ministerio Público del fuero común en Jalpan de Serra, en la averiguación previa J/193/2010, de la entonces Procuraduría General de Justicia de Querétaro.

En abril de 2011, la Procuraduría General de la República informó que detuvo a los ‘polleros’ Bernardo González Jiménez, Esteban García Pérez, Arturo Mayorga Villeda y Abel Garay Martínez por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley General de Población en su modalidad de tráfico de indocumentados y asociación delictuosa.

Los detenidos fueron ubicados en las comunidades de La Yerbabuena, Agua Zarca, La Lagunita y El Humo, pertenecientes al municipio de Landa de Matamoros. Los cuatro acusados fueron internados en el Centro de Readaptación Social de San José el Alto, en el municipio de Querétaro.

Después de diez años transcurridos, los familiares de las 35 personas continúan en la incertidumbre, ante la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Si algo ha cambiado desde que desaparecieron es que, a partir del 1 de enero de 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ha asignado una ayuda mensual de 4,500 pesos a cada una de las familias de los ausentes.

De acuerdo a los testimonios de los familiares de los migrantes desaparecidos, el apoyo que el gobierno federal les otorga es importante, porque los ausentes, eran quienes sostenían a padres, hijos, esposas y madres; sin embargo, señalan que más que el apoyo económico, ellos quieren saber en dónde están sus seres queridos.

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