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Retos Legislativos para lograr la Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres

Aún falta la articulación congruente de políticas públicas para ir de la igualdad formal a la igualdad sustantiva.

A 25 años de adoptar la Plataforma de Acción de Beijing —uno de los convenios internacionales más importantes que establece la obligación puntual de Estados para armonizar su legislación en materia de derechos humanos de las mujeres— México ha tenido avances legislativos para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, como la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV); la introducción del principio ‘pro-persona’ en el artículo 1 de la Constitución en 2011; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los cambios impulsados en todos los códigos penales del país para tipificar el feminicidio, entre otros.

No obstante, aún falta la articulación congruente de políticas públicas para ir de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Por lo que, de 2015 a 2018 en un ejercicio participativo con organizaciones de la sociedad civil convocadas por Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres, identificamos varios vacíos legislativos que constituyen un imperativo para avanzar en la más completa protección de los derechos humanos de las mujeres en los que se requiere:

Homologar la tipificación del feminicidio con el Código Penal Federal en los Códigos Penales de las Entidades Federativas; armonizar el concepto y tipificación de la violencia obstétrica; reformar las constituciones estatales para incorporar el principio de paridad entre géneros en la participación política de acuerdo a la reforma constitucional del 2019; y transformar los sistemas normativos comunitarios para romper el círculo de negación de derechos políticos y sociales de las mujeres.

Así mismo: impulsar la reforma laboral fortaleciendo la supervisión por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para garantizar la igualdad laboral y armonizarla con la LGAMVLV para atender y sancionar la violencia laboral; establecer incentivos fiscales para empresas constituidas, representadas y operadas mujeres, así como para proyectos productivos de mujeres, adultas mayores, rurales, con discapacidad o con VIH.

Al igual que: impulsar la ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares y fortalecer los sistemas de cuidado vigentes; adecuar la Ley Hacendaria a la realidad no lucrativa de las organizaciones sociales; y establecer mayor protección jurídica a las defensoras de derechos humanos. Cabe señalar que estos desafíos no son exhaustivos, varios temas no mencionados están en medio de la gestión legislativa, pero de ir avanzando en estas áreas, el Estado podrá dar mayor protección a los derechos humanos de las mexicanas.

*Licenciada en Administración Pública. Es Secretaria General de la Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz, AC y Coordinadora del Consejo Temático de las Mujeres.

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